Cuando una enfermedad o un accidente dejan secuelas que no van a desaparecer, la pregunta deja de ser «cuándo vuelvo a trabajar» para convertirse en «hasta qué punto puedo seguir trabajando». A esa pregunta responde la incapacidad permanente, una prestación de la Seguridad Social que no se reconoce por el diagnóstico, sino por el efecto que las lesiones tienen sobre la capacidad de trabajo. Este artículo explica sus cuatro grados, las cuantías, los requisitos y, sobre todo, los cambios normativos y jurisprudenciales de los últimos años, que han alterado de forma sustancial la relación entre incapacidad permanente y empleo.

La conciliación de la vida personal, familiar y laboral ha dejado de ser una mera aspiración programática para convertirse en un auténtico derecho con dimensión constitucional. Así lo ha reconocido reiteradamente el Tribunal Constitucional —SSTC 3/2007, 26/2011 y 119/2021— vinculándolo al principio de igualdad y no discriminación del art. 14 CE y al mandato de protección a la familia e infancia del art. 39 CE.

INTRODUCCIÓN